La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que el Gobierno del estado de Veracruz, bajo la administración de Cuitláhuac García Jiménez, enfrenta serias observaciones por un posible daño patrimonial de 374 millones 537 mil 200 pesos, según la Segunda Entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023. Estas observaciones forman parte de un total acumulado de 444 millones 128 mil pesos, que incluye también a varios municipios.
Las principales anomalías identificadas están relacionadas con pagos sin comprobantes, contratos asignados sin licitación pública, transferencias bancarias sin registros financieros y retrasos en la entrega de fondos a distintas dependencias. En particular, se detectaron irregularidades en el manejo del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) por 180 millones 486 mil 100 pesos, en el que dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) y los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), fueron señaladas.
Según la ASF, en estas entidades se observaron pagos sin documentación que los respalde, además de adjudicaciones fuera de las normativas correspondientes. También se encontró que algunas dependencias hicieron traspasos de recursos a otras cuentas bancarias sin registrar rendimientos financieros, lo cual derivó en montos no reintegrados a la Tesorería de la Federación. En respuesta a estas irregularidades, los órganos de control internos de las dependencias han iniciado expedientes administrativos para investigar la responsabilidad de los funcionarios implicados.
Otro monto significativo de 167 millones 883 mil 500 pesos, corresponde a recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), donde la ASF identificó inconsistencias en contratos y pagos de infraestructura pública. La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), junto con el Instituto de Pensiones, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), figuran entre las dependencias observadas.
Además de deficiencias documentales, se reportaron incumplimientos contractuales y la falta de sanciones en la ejecución de obras, lo que motivó la promoción de 12 responsabilidades administrativas. La ASF encontró además entregas de beneficios a personas fallecidas y la falta de cobro de multas por incumplimientos de proveedores, sugiriendo la implementación de sanciones a los funcionarios responsables.
Comentarios