Con frecuencia, el ciudadano se pregunta quién califica a los servidores públicos en su diario quehacer, independientemente de la posición que ocupen en la estructura de gobierno. Si son emanados del voto popular, como el Presidente de la República, los senadores, diputados, gobernador, alcaldes, ediles, etc., ¿quién valida su función, además de los ciudadanos? ¿O a los funcionarios?, llámese Secretarios de estado, subsecretarios, Directores, jefes de área, y demás, de los tres niveles de gobierno.
Se entiende que, en el organigrama, hay niveles de autoridad y de responsabilidad, y los de abajo reciben “órdenes superiores”; pero, de quienes toman decisiones, ¿quién verifica que están haciendo lo correcto y no ocurrencias o caprichos?
La sociedad es testigo de acciones inexplicables, para la razón y la ley. Vemos cómo se metió a la cárcel a mucha gente, con una patraña hecha ley, que mal llamaron “ultrajes a la autoridad”, que, con el solo señalamiento de algún policía o agente de tránsito, bastaba para meter a la cárcel a inocentes que tuvieron la mala suerte de topárselos. O detener activistas que defienden el precio del café, con argumentos endebles, señalándolos de “autores intelectuales” de un delito llamado “estragos”.
Y hay muchos ejemplos de ejercer la función pública a capricho, pasándose por alto la ley, la razón o el consenso ciudadano: como cancelar una feria, con más de cincuenta años de tradición; imponer un festival ajeno a la cultura y a la tradición local; cerrar tres días una carretera, afectando a cinco municipios, sólo por un evento ciclista; etc. Ocurrencias y caprichos, fuera de toda razón.
Seguramente, muchos funcionarios que ostentan un cargo en el gobierno, ignoran que a nivel federal existe un código de ética que todo funcionario debe cumplir y hacer cumplir, en su función pública, independientemente del cargo.
Para poder confiar en las instituciones públicas y garantizar los proyectos en el país, sólo es posible a través de la ética. La ética es una concepción valorativa de la vida, en términos de lo que es bueno, obligatorio o justo. La ética, en la función pública, permite solucionar conflictos, crear puentes, entre posturas contrarias, en una sociedad de contrastes. La ética nos permite innovar y crear soluciones, cuando ni la tradición ni las autoridades son una opción. Por su carácter reflexivo, la ética nos permite generar acuerdos y tomar decisiones responsables. La ética brinda herramientas, como códigos éticos y principios, que nos permiten reflexionar sobre los valores de la democracia, la libertad, la igualdad o la tolerancia. Aquí va:
Código de Ética de la Administración Pública Federal 2022.- El presente Código de Ética es aplicable a todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo que es obligatorio y aplicable en cualquiera de los niveles jerárquicos, incluyendo al personal de base y sindicalizado, y su incumplimiento será objeto de denuncia.
Sólo dejamos los conceptos, que a la vez son títulos, sin sus amplias definiciones y explicaciones, sugiriendo a los servidores públicos a consultarlos, aprenderlos y aplicarlos en su función. Esos son:
Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, Eficiencia; valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su cargo, comisión o funciones. También Interés Público, Respeto, Respeto a los Derechos Humanos, Igualdad y no discriminación; Equidad de género, Entorno Cultural y Ecológico; Integridad, Cooperación, Liderazgo, Transparencia y Rendición de Cuentas, entre otros más.
De no cumplirse, el ciudadano castiga a los incumplidos con su opinión y calificación, es decir, con su voto.
Este es el link, para quien lo quiera corroborar:
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