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EDITORIAL

Inicia un periodo de cambios en el país que son sustanciales para el futuro de México. Este domingo 1 de septiembre, se realiza la instalación de la nueva Legislatura federal, acto en el que los diputados y senadores, electos el pasado 2 de junio, toman posesión de sus cargos y entran formalmente en funciones.

 

A partir del 1 de septiembre se instala la LXVI Legislatura, en la cual Morena y sus aliados tendrán el “carro completo”, por sobrerrepresentación, lo cual les permitirá pavimentar lo que sangronamente llaman “el segundo piso de la Cuarta Transformación”, de modo que se espera una intensa agenda de reformas.

 

Claudia Sheinbaum, tomará posesión hasta el 1 de octubre como Presidenta. Sin embargo, durante el mes de septiembre, un mes todavía, estará en funciones el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene la intención de promover una serie de reformas constitucionales, las cuales podrán ser una realidad, pues es un Congreso impuesto a modo y podrá hacer lo que le venga en gana, incluso dañar al país.

 

Al parecer, Claudia Sheinbaum ha dado muestras de frenar o llevar a un análisis más profundo la reforma al Poder Judicial, pues para el tabasqueño es preciso que jueces, magistrados y ministros de la Corte sean elegidos mediante voto popular.

 

El INE, como ya se esperaba, con una titular impuesta por el Ejecutivo, resolvió a favor de la sobrerrepresentación, concedió 364 diputados a Morena y sus aliados, violando la Constitución de la República en su artículo 54 y pasando por alto el voto ciudadano. Lo mismo hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual siempre estuvo presionado para dejarla pasar.

 

El proceso legislativo, en México, para reformar la Constitución se compone de varios pasos: La propuesta de reforma puede ser presentada por el Presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, y los ciudadanos, en un número equivalente a por lo menos el 0.13% de la lista nominal de electores. La iniciativa se turna a comisiones en ambas cámaras (Diputados y Senadores), para su análisis y dictaminación. Posteriormente, se discute y se vota en el pleno de cada cámara. Para su aprobación se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes. Con la sobrerrepresentación, Morena, insistimos, podrá aprobar lo que quiera.

 

Una vez aprobada por el Congreso de la Unión, la reforma constitucional debe ser ratificada por la mayoría de las legislaturas de los estados (al menos 17 de las 32 entidades federativas). Si se obtiene la ratificación necesaria, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (o el mismo Congreso si está en periodo de sesiones) emite la declaratoria de constitucionalidad de la reforma. Finalmente, el Presidente de la República promulga la reforma y se publica en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.

 

Para el sector pensante de la sociedad, al que le interesa el país y no está adoctrinado por el discurso hipnótico emitido, diariamente, desde el púlpito presidencial, preocupa mucho que el nuevo Congreso federal le apruebe al presidente, y lo va a hacer, iniciativas que acaben con las instituciones, con la democracia y con las libertades, como ha dado muestras. Hay quienes se atreven a afirmar que es el fin de la república de México. Solo un evento extraordinario podría pararlo y ese evento puede venir desde los EE.UU.



 

 

 

 

 

 

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