EDITORIAL

Una vez más, tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que declarara inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad contemplado en el Código Penal de Veracruz, impulsado por el gobernador y respaldado por la fracción legislativa de Morena en el Congreso del Estado. En su sesión del pasado lunes, el pleno del máximo tribunal del país, determinó invalidar esta figura, que había sido impugnada por diputados locales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas partes habían presentado acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN. Esta polémica ley que tiene en la cárcel a cientos de veracruzanos, sin pruebas ni juicio, había quedado establecida en la legislación veracruzana desde marzo de 2021. A partir de ese entonces, diversos sectores criticaron esta figura, que consideraron contraria a los derechos humanos e instrumento de represión. EL delito de ultrajes a la autoridad contenido en el artículo 331, entró en vigor en marzo de 2021 tras reformar el Código Penal, en el decreto 848, decía lo siguiente: “Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas“. Sin embargo se le aplicaba a cualquiera sin haber motivo ni razón. La invalidez se aprobó con 10 votos a favor y uno en contra al considerar que el artículo no está bien escrito y la norma no es clara, lo que es contrario a la obligación de los legisladores de crear leyes que no se presten a interpretaciones arbitrarias, de acuerdo a la Constitución. La resolución de la Suprema Corte se dio un día después de que el Congreso de Veracruz, en un acto de burda simulación, solo modificara dos fracciones de dicho artículo, dejando intactas las penas. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió que se eliminara por completo, pues violentaba los derechos de los ciudadanos. Como resultado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decreta que los artículos 331, en sus fracciones I, II, III y IV, además del 371 fracción II son inconstitucionales. Esto luego de que consideraran una violación directa a la libertad de expresión, a la información y a la legalidad. Esta decisión busca que se termine el de abuso de autoridad y persecución política por parte del Gobierno de Veracruz. Además de que aquellos hombres y mujeres acusados por estos delitos que aún están detenidos o fueron acusados en 2021 tendrán efectos retroactivos y deberán salir libres. Se estima que hay alrededor de 2 mil personas detenidas con base en acusaciones de ultrajes a la autoridad. Otro revés al Gobernador de Veracruz, que ya es cliente de la SCJN, ya son varias que le echa abajo por desconocimiento, ignorancia o soberbia. Por su parte, el Congreso ha perdido prestigio, respeto y credibilidad en el entorno jurídico nacional. En esas manos se encuentra el estado de Veracruz.