En una medida histórica para la protección del medio ambiente y la seguridad agroalimentaria, el Congreso de Veracruz aprobó reformas que imponen penas de uno a seis años de prisión y multas de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) a quienes alteren el ciclo hidrológico sin los permisos necesarios o sin aplicar las medidas de seguridad adecuadas.
Estas reformas, que modifican la Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, la Ley Estatal de Protección Ambiental y el Código Penal, fueron impulsadas por ciudadanos preocupados por el uso de tecnologías como los “cañones antigranizo” o el bombardeo de nubes, técnicas utilizadas para evitar la lluvia. Estas prácticas han sido señaladas por su impacto negativo en el ciclo hidrológico y la seguridad agroalimentaria.
La iniciativa, presentada en 2023 por el diputado Paul Martínez Marie del Grupo Legislativo de MORENA, recibió un amplio respaldo de otros legisladores, incluyendo a Juan Enrique Santos Mendoza, Tania María Cruz Mejía, Citlali Medellín Careaga, José Luis Tehuintle Xocua, Ramón Díaz Ávila, Ruth Callejas Roldán y Maribel Ramírez Topete.
La reforma también enfatiza la promoción de investigaciones sobre escenarios climáticos para identificar cultivos prioritarios y oportunidades de adaptación en los métodos de cultivo. Se busca privilegiar el rescate de cultivos de temporal y fomentar un medio ambiente adecuado para la agricultura. Además, esta modificación incluye la provisión de asesoría por parte de la Secretaría de Medio Ambiente a los ayuntamientos, enfocada en la seguridad alimentaria y en corregir los desequilibrios generados por el cambio climático en los cultivos locales.
La iniciativa fue trabajada durante años, especialmente después de un incidente violento en Totalco, donde dos campesinos murieron durante una movilización contra los daños ambientales causados por empresas como Granjas Carroll.
Pedro Romero Cortina, agente municipal de Totalco, destacó que la iniciativa surgió de la preocupación ciudadana por las prácticas de empresas y rancheros que utilizan métodos para inhibir la lluvia, como el lanzamiento de nitrógeno y antigranizo. Según Romero Cortina, hay evidencia de que empresas como Volkswagen han utilizado estas técnicas, lo que ha motivado la necesidad de sanciones.
La aprobación de estas reformas sigue los pasos de entidades como Puebla, donde se han implementado leyes similares para penalizar y sancionar económicamente a quienes alteren el ciclo hidrológico.
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