PARA ATRÁS LA REFORMA ELÉCTRICA DE AMLO.
En el contexto de su plan llamado 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) oficializó la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE) tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el martes 9 de marzo. Los polémicos cambios, consistentes en decir no a las energías renovables (eólica y solar) entrarían en vigor a partir del 10 de marzo de 2021, de acuerdo con el decreto del poder ejecutivo, publicado ese mismo día 9.
La Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) tenían 180 días naturales para modificar acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y regulaciones en materia eléctrica y alinearlos a la ley reformada. Pero no hubo necesidad, pues jueces federales la echaron abajo.
El meollo de esta supuesta reforma, más bien retrógrada, como iniciativa del presidente, fue aprobada sin cambios por el Congreso, consiste en que privilegia el despacho eléctrico de las plantas de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y relega la participación de las centrales de empresas privadas.
En primer lugar, se despachará la energía de hidroeléctricas, seguidas por el resto de sus centrales, en tercer orden los productores independientes de energía y hasta el final las plantas renovables y ciclos combinados del sector privado.
El artículo transitorio cuarto de la Ley permitirá que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) revoque los permisos de auto abasto, que parte de un esquema aprobado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, para que las grandes industrias produjeran la electricidad que necesitaban y usar las redes de trasmisión de CFE, pero que, según el gobierno actual, se ha distorsionado para crear un “mercado negro”. ¿Por qué o cómo? Nada más se da por hecho, como todo lo que afirma el presidente morenista.
Y para acabar con el sector eléctrico privado, el artículo transitorio quinto permitirá al gobierno que se revisen los contratos de los productores independientes. Ante esta atribularía y abusiva reforma, las empresas de energía renovable usaron los recursos legales existentes (todavía) para proteger sus inversiones.
Echados a andar los amparos y denuncias, los jueces fallaron a favor de las industrias privadas, entonces el gobierno de AMLO se vio obligado a dar marcha atrás, de esta forma apareció en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el aviso de que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quedó temporalmente sin efectos debido a las suspensiones definitivas dictadas por el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro. Aunque la publicación no era una condición para hacer efectivas las suspensiones vigentes desde el 19 de marzo cuando el juez las notificó.
Debido a que dichas suspensiones tienen alcances generales y por lo tanto todos los actores del sector eléctrico deben ser enterados de que sigue vigente la Ley de la Industria Eléctrica anterior a la reformada el 9 de marzo, el juez Gómez Fierro ordenó a la SENER publicar el aviso de la suspensión de la nueva ley, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de este año.
En los actores están incluidos todos los participantes del mercado eléctrico mayorista, también, todos los particulares que realizan alguna actividad en el sector eléctrico o quienes están en trámites para ingresar a dicho sector, así como los sujetos que se ubican en el régimen transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE.) “Se restablece provisionalmente la vigencia de los artículos 3°, 4°, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126 de la LIE, así como el régimen transitorio que estaba previsto en la legislación en cita hasta antes de la entrada en vigor del Decreto cuestionado”, de acuerdo con el aviso publicado en el DOF.
Las suspensiones definitivas las otorgaron los jueces Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, ante tribunales colegiados de circuito, quienes analizaron la inconstitucionalidad de la reforma que prioriza el despacho energético de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y restringe la participación del sector privado en la generación eléctrica a pesar de ser más barata. Dejándola sin efecto.
Estos son los hechos, las pretensiones monopólicas del presidente de la república, sustentadas en la preminencia de un solo actor, la CFE; quedaron invalidadas. La falaz prohibición de generación eléctrica con ‘energías limpias’, lo cual es un claro beneficio para la ecología, queda sin efecto. Esta marcha atrás en una reforma absurda e inconstitucional, nos da esperanzas en que el país, timoneado a bandazos, no vaya del todo a la deriva.
Y ahora el presidente vuelve a la carga, con propuesta semejante a la que fue rechazada. Esperamos que no sea consensuada en la cámara de diputados. Si acaso se aprueba, el costo de esta ley, por las indemnizaciones que implica, rebasa los 400,000 millones de pesos. ¿De dónde los va a sacar la austeridad republicana? Todavía deben la cancelación del aeropuerto (NAIM.)
Esta necedad manifiesta resulta supersticiosa, en el sentido general de locura, que implica volver a realizar las mismas conductas esperando distintos resultados.
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