REFLEXIONES - Héctor Hernández Parra

Los ventiladores.-

Una estafa cometida por una empresa británica orilló al INSABI a pagar por adelantado 920 millones de pesos al cerrar un trato en una adquisición pactada por el equipo de trabajo del canciller Marcelo Ebrard Casaubón y el titular del INSABI Juan Antonio Ferrer Aguilar en un desesperado arrebato de brindar al pueblo de México la hermosa tarea de atenuar los males que el COVID 19 daba a los pacientes que necesitaban de ventiladores para evitar que perdieran la vida.

El ejecutivo federal, el canciller Marcelo, el titular del INSABI han estado calladitos tal vez con el estupor contenido o con la insensibilidad manifiesta al levantar los hombros y esbozar una tímida sonrisa nerviosa.

La historia nos lleva a comentar aquí que el 28 de mayo de 2021, el INSABI contrató al despacho jurídico británico Peters & Peters una firma especialista en litigar negocios comerciales a nivel internacional. El móvil del tema es la falta de cumplimiento de la empresa Viva Enterprises Limitad quien tenía que entregar al INSABI 1000 ventiladores modelo VG70 por un monto de 1,416 millones de pesos. Una operación 304% más onerosa para la dependencia gubernamental.

La firma Viva Enterprises Limitad es representada en México por el empresario Héctor Gabriel Garza socio de otras empresas que vendieron ventiladores por un monto de 603 millones de pesos. El asunto grave es que INSABI no puede demostrar la adquisición porque no hay contrato, tampoco existen actas de entrega.

Este escándalo financiero lo sacó a la luz la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe 243-DS y publicado en la revista Proceso del 27 de febrero del 2022.

Este dispendio es del conocimiento del presidente de los pobres, del canciller Ebrard a quien parece que en el tema de adquisiciones no da una, sobre todo si se trata de adquirir trenes, vagones, montenes, llantas para el metro de la línea 12. Desde luego que el titular del INSABI tiene responsabilidad ya que es recurrente en realizar adquisiciones turbias.

La empresa reembolsó 17’760,000 pesos equivalentes a 300 ventiladores manifestando demoras en la cadena de suministro culpando al fabricante y al distribuidor. Posteriormente la empresa entregó un lote de solo 50 unidades, quedando por entregar 650 unidades con un monto de 920 millones de pesos.

Para enero de 2021 Juan Antonio Ferrer Aguilar le solicitó al canciller Ebrard Casaubón por escrito iniciar acciones legales de la cancillería a fin de reclamar la responsabilidad del proveedor, pero la respuesta del área jurídica de la cancillería indicaba que el asunto era responsabilidad del INSABI y que le recomendaba hacer del conocimiento a la consejería jurídica del Ejecutivo Federal.

Por espacio reducido se presenta un ejemplo de algunas compras fraudulentas, de todas ellas INSABI debe aclarar 2 mil 561 millones de pesos derivados de la gestión de insumos para enfrentar la crisis COVID 19. Esta es la punta del iceberg de la corrupción latente en el sector salud.

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