El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, el pasado lunes 1 de julio, suspender la tramitación de todos los amparos pendientes de resolución en cualquier Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado del país, cuyo tema de fondo sea la validez de la prisión preventiva.
Esta medida fue confirmada por la ministra Lenia Batres tras una sesión privada del pleno del Tribunal Constitucional, en la cual no estuvieron presentes los ministros Javier Laynez y Jorge Mario Pardo.
La ministra Batres explicó que esta decisión se tomó como una medida precautoria, dado que la Suprema Corte tiene programado resolver varios juicios constitucionales que definirán los alcances de la prisión preventiva en relación con las convenciones internacionales sobre derechos humanos. La suspensión busca evitar que cualquier instancia jurisdiccional emita fallos contradictorios con el criterio general que establecerá la SCJN, proporcionando así seguridad jurídica a las personas que tienen procesos pendientes relacionados con la prisión preventiva.
En una tarjeta informativa, la ministra Batres detalló que todo asunto que tenga como tema sustantivo el estudio de fondo de las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa deberá seguir el supuesto establecido al resolver la contradicción de tesis 293/2011. Esto implica que cualquier resolución judicial sobre este tema quedará suspendida hasta que la SCJN emita un fallo definitivo que unifique criterios.
Esta medida se produce en un contexto donde el Congreso está llevando a cabo una serie de parlamentos abiertos y discusiones sobre la reforma al Poder Judicial promovida por Morena y sus aliados. Entre las propuestas de esta reforma, que se debatirán en el periodo de sesiones de septiembre próximo, se incluye la elección de ministros, magistrados y jueces mediante voto popular, así como la creación de un organismo de vigilancia para los ministros de la Suprema Corte.
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